Europa sostiene que su Reglamento de Inteligencia Artificial puede responder incluso a sistemas cada vez más autónomos. El desafío consiste en transformar esa promesa regulatoria en obligaciones efectivas de seguridad, transparencia y responsabilidad.

La velocidad de la inteligencia artificial ha transformado una pregunta académica en un problema jurídico urgente: ¿debe el derecho limitarse a reparar los daños que la tecnología produzca o tiene la obligación de anticipar riesgos previsibles?

La discusión adquiere nueva relevancia el 9 de octubre de 2026, cuando la responsable tecnológica de la Comisión Europea defendió la capacidad de su Reglamento de Inteligencia Artificial para afrontar riesgos asociados a sistemas cada vez más potentes y autónomos. La regulación europea clasifica las aplicaciones según su nivel de riesgo y establece obligaciones que abarcan distintas etapas de su desarrollo y utilización.

La experiencia europea merece atención porque intenta superar una visión puramente reactiva. Cuando una herramienta tecnológica puede influir en decisiones de contratación, acceso al crédito, servicios esenciales o tratamiento de información personal, esperar a que se materialice un daño puede resultar insuficiente. La prevención, la evaluación de riesgos y la supervisión humana pasan a ser componentes centrales de la seguridad jurídica.

Sin embargo, regular la inteligencia artificial o como prefiero llamarle, super inteligencia, no equivale a prohibir la innovación. Un marco excesivamente rígido puede elevar los costos de entrada y favorecer a las empresas que ya cuentan con mayores recursos para cumplirlo. En el extremo contrario, una regulación débil puede trasladar a consumidores, trabajadores y ciudadanos los riesgos de sistemas que no comprenden ni controlan.

El desafío consiste en diseñar obligaciones proporcionales a la capacidad de causar daño. No debería recibir el mismo tratamiento una herramienta utilizada para ordenar fotografías que un sistema empleado para evaluar candidatos a un empleo, asistir en decisiones clínicas o determinar la elegibilidad de una persona para un beneficio público. La función concreta, el contexto de utilización y las consecuencias previsibles deben orientar el análisis.

La experiencia europea también muestra que aprobar una norma es apenas el comienzo. Se necesitan autoridades competentes, procedimientos de fiscalización, criterios técnicos claros y mecanismos de impugnación accesibles. De lo contrario, las obligaciones pueden existir formalmente sin modificar las prácticas que pretendían controlar.

Chile tiene razones para observar este debate con atención. La digitalización de los servicios públicos y privados abre oportunidades para mejorar la productividad y ampliar el acceso a servicios, pero también plantea interrogantes sobre la calidad de los datos, la discriminación algorítmica, la protección de información personal y la posibilidad de cuestionar decisiones automatizadas.

Desde una perspectiva jurídica, hay una distinción que debe mantenerse: no toda decisión apoyada por inteligencia artificial es una decisión exclusivamente automatizada, y no todo resultado erróneo constituye por sí solo una infracción legal. La responsabilidad dependerá de los deberes aplicables, del daño, de la relación causal y de las circunstancias concretas. La tecnología no elimina la necesidad de probar los elementos de una pretensión.

Una regulación seria debe exigir documentación suficiente para evaluar el funcionamiento de los sistemas, información comprensible para las personas afectadas y mecanismos para corregir resultados incorrectos. En decisiones de especial trascendencia, la intervención humana debe ser real y no una mera formalidad destinada a validar automáticamente la recomendación de una máquina.

También es importante evitar que el debate se reduzca a la competencia entre Europa, Estados Unidos y China. Las reglas tecnológicas afectan a países que no desarrollan los modelos más avanzados, pero que los incorporan a sus mercados, administraciones y empresas. Chile necesita capacidad para adaptar estándares internacionales a su realidad institucional, sin copiar mecánicamente modelos extranjeros ni ignorar la experiencia comparada.

La regulación debe permanecer abierta a la evidencia. Los sistemas cambian, los riesgos evolucionan y las obligaciones pueden producir efectos no previstos. Por eso, la evaluación periódica, la consulta a especialistas independientes y la transparencia sobre incidentes resultan tan importantes como las sanciones.

La verdadera pregunta no es si el derecho puede detener el avance tecnológico. Es si puede orientar ese avance hacia usos compatibles con la dignidad humana, la igualdad y la responsabilidad. Una legislación eficaz no pretende predecir cada innovación; establece principios, deberes verificables y mecanismos para responder cuando los riesgos se materializan.

La Super Inteligencia puede operar sin fronteras físicas, pero sus efectos recaen sobre personas concretas. Allí donde existe un daño jurídicamente relevante, la necesidad de rendir cuentas no desaparece detrás de un algoritmo.